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La pobreza laboral afecta al 11,7% de las personas con empleo en España. Salarios insuficientes y brechas de género perpetúan la precariedad y las desigualdades

Con pobreza laboral nos referimos a la situación en la que una persona tiene empleo, pero no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas ni las de su familia. Es decir, personas trabajadoras cuyos ingresos, aun teniendo una ocupación laboral, no bastan para el sostenimiento del hogar familiar. Esta realidad es contraria al principio básico de que el trabajo debe garantizar un salario que permita una vida digna para la persona trabajadora y su familia.

Y, a día de hoy, tener trabajo no basta para no estar en riesgo de pobreza. Esta situación es producto de un mercado laboral centrado en la producción y generación de ganancias, sacrificando derechos laborales básicos.

La pobreza laboral nos demuestra que a pesar de que las personas trabajadoras desarrollen su actividad, no resulta suficiente para un modelo económico en el que sus salarios no les permiten vivir dignamente.

La tasa de pobreza más alta, del 29,2%, la de menores y adolescentes

De acuerdo con Save the Children, en su informe “Cuentas que no salen, radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España”, las condiciones estructurales y el mercado laboral en España sitúan a las personas y a las familias en riesgo de pobreza de acuerdo a los ingresos que perciben. Para establecer estas cifras, utilizan diferentes indicadores y contextualizan el volumen de ingresos en contraste con el coste medio de vida en el país. En ese sentido, contar con un ingreso inferior al 60% del ingreso equivalente mediano, sitúa a las personas en riesgo de pobreza. Así tenemos que quienes perciben un ingreso de 965,36 euros mensuales se sitúan en riesgo de pobreza.

El umbral de riesgo de pobreza, considera también el volumen de ingresos de las diferentes configuraciones de los hogares en España. En ese sentido, los ingresos que situaron en 2023 a las familias son los siguientes:

En este informe, Save the Children demuestra que la tasa de pobreza más alta en España es la relativa a niños, niñas y adolescentes, del 29,2%. Le siguen las personas menores de edad en hogares con personas empleadas, la cual es del 17,1% y en tercer lugar, la tasa de pobreza de personas con empleo, del 11,7%.

Por otro lado, la pobreza laboral disminuye a medida que aumenta el nivel educativo. Además, la más alta la enfrentan las personas migrantes de fuera de la Unión Europea, más de 20 puntos porcentuales por encima de la tasa de pobreza nacional.

Los hogares con mayor incidencia de riesgo de pobreza son:

  • Familias compuestas por 3 adultos y 2 personas menores de edad que se sitúan en un 40,5%;
  • Dos adultos y tres personas menores de edad más, las cuales tienen una incidencia del 35,5%, y
  • Las familias monoparentales que tienen una incidencia del riesgo de pobreza de 31,9%.

Estos datos permiten identificar que a mayor número de niños, niñas o adolescentes a cargo, la pobreza laboral aumenta. Los hogares con una persona progenitora, generalmente una mujer, tienen un riesgo de pobreza asociado, identificado como la feminización de la pobreza.

A día de hoy, las condiciones económicas en España demuestran que los hogares sin personas menores de edad a cargo enfrentan menores riesgos de pobreza. Esto puede explicar porqué tener descendencia ha dejado de ser una prioridad para la población joven.

Baja calidad del empleo y salarios insuficientes

También en este informe se visibiliza la baja calidad del empleo, las brechas de género y la parcialidad y la precariedad agravada de las mujeres. También la falta de políticas empresariales que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad en los cuidados, la necesidad de reformular políticas activas de empleo que incidan en la inserción de personas con baja empleabilidad, la recualificación y la inserción laboral plena de todas las personas.

Las dianas de la pobreza: infancia y discapacidad

De acuerdo con el 15º informe El Estado de la Pobreza, 2025, de la European Poverty Network, encontramos que la infancia y la discapacidad son dos factores determinantes en la pobreza y la exclusión social.

Más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Esto supone un 34,6% del total de la población menor de 18 años. Además, el 29,2% de la infancia vive en situación de pobreza.

Los datos sitúan a España en la tasa de pobreza infantil más elevada de Europa y evidencia que la pobreza infantil es un problema estructural. Por tanto, las estrategias para atenderla están siendo insuficientes. A pesar de la incidencia positiva del estado de bienestar, España se encuentra lejos del cumplimiento de las metas de la Agenda 2030.

Por otra parte, se identifica que la discapacidad mantiene una estrecha relación con la pobreza y la exclusión social. Prueba de ello es que el 39,2% de las personas con discapacidad se encuentra en riesgo de sufrirla, el 22% vive en situación de pobreza, el 13,1% de las personas con discapacidad enfrenta condiciones de carencia material y social severa, y el 7,9% se encuentra en situación de pobreza severa.

Salarios suficientes para vivir dignamente

Ante estos datos y la realidad de la pobreza laboral, USO exige salarios suficientes que permitan vivir dignamente. El modelo económico y la pérdida de derechos laborales han ocasionado que el riesgo de pobreza aumente afectando con mayor fuerza a personas en situación de vulnerabilidad. Por tanto, es fundamental reforzar los salarios a nivel nacional, poniendo énfasis en aquellos que atraviesan mayor precariedad. Abatir las brechas de género y las desigualdades que enfrentan las mujeres debe ser una prioridad, pues no es casual que la precarización y la pobreza se encuentren feminizadas.

Conscientes de que tenemos grandes desafíos para configurar un mercado laboral justo, se hace necesario seguir luchando por lograr mejores condiciones y el respeto pleno a nuestros derechos. Sólo así lograremos transformar las condiciones para no perpetuar la pobreza y las desigualdades.

Asimismo, exigimos políticas públicas coordinadas, que permitan proteger y atender las condiciones de vulnerabilidad de las personas en riesgo de pobreza sin importar su origen, brindando atención integral y permitiendo un desarrollo pleno.